miércoles, 25 de marzo de 2009

Otro contexto para el debate sobre el aborto

Otro contexto para el debate sobre el aborto

Carlos Leiva Villagrán


Que el aborto sea o no penalizado es siempre una decisión política. En los estados republicanos democráticos, la decisión se adopta conforme a los procedimientos establecidos en sus constituciones, leyes y reglamentos, que prevén la participación ciudadana directa o representada, y que son el resultado, directo o indirecto, de las preferencias mayoritarias de los ciudadanos involucrados en las decisiones, enmarcadas en el respeto a los derechos básicos de las minorías ciudadanas garantizadas por el Estado de Derecho. Lo que sea considerado un crimen en una sociedad democrática, y merezca ser castigado, lo decide la propia sociedad en forma deliberativa, haciendo uso de la institucionalidad política que ella misma se da.

La decisión política de penalización o no del aborto, significa establecer a partir de qué momento, en el continuum de la vida, la ley reconoce el derecho a protegerla, y por tanto decide penalizar su transgresión. Esta precisión es relevante porque al tenor de la discusión que se lleva a cabo en Chile pareciera que la decisión política requeriría básicamente establecer cuándo comienza la vida humana. Equivocado camino. La determinación del comienzo de la vida humana corresponde más bien a un ejercicio metafísico que escapa a todo consenso razonado, aún a la ciencia, y que vanamente podría ser establecido por la institucionalidad política.

Hay quienes sostienen que la vida humana es tal desde la concepción, como lo hace la Iglesia Católica (post 1869, fecha en que el Papa Pío IX modificó la tradicional enseñanza eclesiástica de que el feto adquiría alma humana a partir de los 40 días después de la concepción; y esto era para el alma masculina, porque el embrión femenino tardaba en recibir el alma hasta los 80 días de gestación). Frente a esto, muchos argumentan que el embrión humano es meramente un conglomerado de células, que aunque tenga potencial de humanidad, no puede ser considerado un ser humano. Otros asocian el comienzo de la vida del ser humano con el inicio de la conformación morfológica del cerebro o con la eventual capacidad del feto de vivir independientemente de la madre. Sin excluir, por último, a Peter Singer quien sostiene que la vida humana es tal sólo en tanto disponga de conciencia, lo que le lleva sostener que los padres podrían tener aún derecho a disponer de la vida de sus hijos durante los 3 primeros años de vida.

Es evidente entonces que obtener un consenso sobre una cuestión a la que se accede por creencia o por disquisición metafísica es imposible. Por lo demás, sería incompatible con su carácter laico, que el Estado tomara partido por alguna de las distintas creencias que hay sobre la materia. Sin embargo, y a pesar de su neutralidad, el Estado tiene la obligación de reflejar en la ley lo que la ciudadanía, democráticamente manifestada, estima moralmente adecuado en un tiempo determinado. Ahora bien, lo que es legítimamente una decisión ciudadana en relación con el aborto no consiste en establecer cuándo comienza la vida humana sino en determinar las condiciones en que la vida humana deberá ser obligatoriamente protegida. Planteado así, es posible superar el entrampamiento de un debate equivocado, que ha sido centrado en lo que sostienen los fundamentalistas religiosos en cuanto a que para definir desde cuándo se protege la vida humana hay que establecer un consenso respecto a cuándo comienza la vida humana, lo que, como se ha mostrado, es un metafísico imposible de convenir.

A diferencia de las creencias, que no pueden ser la base para determinar las condiciones para penalizar el aborto, la ciencia, que constituye el instrumento de que dispone el hombre para hacerse del conocimiento, puede proporcionar información proveniente de su investigación de la naturaleza del hombre para enriquecer la reflexión. Es cierto que la ciencia tampoco puede determinar la cuestión metafísica de cuándo comienza la vida humana (a pesar de que hay "científicos" investidos de ideología que son capaces de establecer un puente entre ciencia y fe en respaldo de su creencia). Escapa a la misión de la ciencia, que es un conocimiento que alcanza verdades siempre provisorias a través de la hipótesis, experimentación y verificación, la tarea de darle el noble título de "humano" a un momento específico de la corriente continua de la vida que se transmite milenariamente de progenitores a descendientes. La ciencia describe las características químicas, morfológicas y fisiológicas del embrión y del feto, informa acerca de las capacidades y riesgos del sistema nervioso en las fases de su conformación, o sobre las condiciones que dan potencial autonomía al feto, todos elementos que la discusión debería tener en cuenta para llegar, de manera informada y enriquecida, a la decisión política. Sin embargo, a pesar que la ciencia no sustituye a la decisión política, porque el fundamento de la legislación sobre el aborto no es científico (como tampoco religioso) sino moral, ella tiene la virtud de iluminar, con rigurosidad, y cada vez con mayores antecedentes, la comprensión de la ciudadanía sobre la naturaleza del hombre, contribuyendo así a la reflexión permanente de hombres y mujeres acerca de sus particulares premisas morales.

El debate sobre la penalización del aborto debe salir del “punto muerto” a que ha sido llevado por el fundamentalismo eclesiástico, el que al querer imponer su idea de que “el problema es cuándo comienza la vida” en la práctica está negando su disposición a discutir sobre el aborto, manteniendo el tema desde un principio en un callejón sin salida. Porque, para la sociedad, el “cuándo comienza la vida” no lo resuelve la religión (por mucho que ella crea que lo tiene resuelto), ni la ciencia ni la decisión política.

En cambio, la sociedad puede, efectivamente, deliberar y establecer políticamente las condiciones en las que está dispuesta a proteger la vida humana. Y en esta discusión no tienen por qué estar marginados los que, con argumentos desprovistos de fundamentos religiosos o metafísicos, estiman que la vida humana debe ser protegida desde la concepción. Pero sólo bajo la aceptación de este nuevo prisma, que reconoce la legitimidad de la voluntad democrática para establecer las condiciones en que la vida humana debe ser protegida, independientemente de lo que cada cual estime cuándo sea que comience la vida, se podrá generar una legislación consecuente para un estado laico tal que, por una parte, no imponga a nadie una concepción particular acerca del comienzo de la vida humana, y, por otra, tenga real posibilidad de mantener siempre abierta la discusión informada sobre la materia y sea capaz de adaptarse dinámicamente a las libertades y penalizaciones que la sociedad organizada vaya estableciendo en todo tiempo como manifestación de sus convicciones morales.

Marzo de 2009

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