martes, 22 de enero de 2008

El orden como prioridad de gobierno

Orden parece ser la palabra clave de la reunión del lunes en Cerro Castillo, de la Presidenta con los ministros. Orden al interior de la acción de Gobierno y orden en el espacio social. Lo primero se entiende como un llamado a la coordinación en el aparato gubernativo. Que se haya reparado en ello es signo de la necesidad de superar los desencuentros del último tiempo, que terminaron con la reciente salida del Ministro del Interior. El énfasis en el orden público, en cambio, podría constituir una novedad. No hace demasiado tiempo de los episodios que protagonizaron los estudiantes secundarios, en que el uso de la fuerza por parte de la policía fuera expresamente repudiado por el gobierno de Bachelet, incluida la sonada destitución del Prefecto de Fuerzas Especiales de Carabineros, derivando en una cierta inhibición de la fuerza pública para actuar en lo sucesivo frente a las alteraciones del orden. Resultaron patéticas algunas escenas de noticias en televisión, en que la fuerza pública, en situaciones de desórdenes y saqueos, fue agredida y debió retroceder en bloque atinando exclusivamente a su propia protección. O cuando un oficial ofreció disculpas a un Senador de la República de un partido de gobierno que había resultado lesionado de una escaramuza que, como se verificó después, el propio legislador había provocado. El orden público, más allá de la retórica gubernativa, ha sido debilitado por una política de gobierno que todavía parece asociar su mantención con la represión que ejerció el gobierno militar. Es como si las actuales autoridades, que en su tiempo sufrieron y criticaron la represión, hoy sintieran, en democracia, que están cayendo en lo mismo cuando mantienen el orden público. Este complejo podría estar llegando a su fin, de concretarse las intenciones manifestadas en la reunión del lunes. Régimen democrático no significa actitud contemplativa de la policía, si no que lo digan los juveniles futbolistas chilenos que quisieron pasarse de listos en Canadá, o muy recientemente los hinchas griegos que estaban apoyando a un connacional en el Abierto de Tenis de Australia. En democracia, el orden público es seguridad y garantía de ejercicio ciudadano de las libertades. La democracia tampoco puede significar concesión a la inseguridad ciudadana, como la que conllevan las acciones terrotistas. La vía por la cual las autoridades gubernamentales han enfrentado, hasta hace poco tiempo, los asaltos,ocupaciones, quemas y bloqueos de caminos en el sur del país, ha sido bajar su perfil o asociarlo a la delincuencia común, como el reciente caso del asalto en la ruta 5 Sur que el Gobernador de Malleco calificó como un asunto absolutamente aislado. Para la ciudadanía, ha sido evidente que se ha tratado de situaciones con uso de armamento de fuego y emboscadas con coordinación militar en sus desplazamientos de asalto y retirada, lo cual constituye una conducta terrorista, que debería merecer de parte del gobierno la represión que corresponde a dicho comportamiento. Pareciera en este caso también confundirse la disposición de la autoridad a avanzar en el entendimiento con el pueblo mapuche con la condescendencia en el trato a las minorías terroristas que pretenden camuflarse y escudarse bajo un pretendido apoyo al pueblo originario. Es esperable entonces que la prioridad que La Moneda dice otorgar ahora al orden público se manifieste en un fortalecimiento del ejercicio de las funciones protectoras de las libertades de la población que es lo que debe caracterizar a las policías en los regímenes democráticos.

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