LGE

Referirse en Chile al proyecto de ley general de educación (LGE), que viene de ser aprobado hoy en su primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, puede parecer ocioso, considerando la enorme cantidad de tinta y saliva que se ha gastado en estos días sobre esta materia. Es tanta, que difícilmente podría imaginarse plantear nuevas perspectivas para el tratamiento de tan espinosa materia.
Por cierto, el ambiente del entorno, con paros de estudiantes y profesores, más las fuertes manifestaciones en Santiago y Valparaíso, otorgan un marco de tensión que llegó hasta la propia sede del Congreso Nacional, con tribunas atestadas para expresar vociferante el rechazo del gremio de profesores al proyecto de ley enviado por el Gobierno.
Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, en una votación contundente, de 85 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones.
Comparto la voluntad mayoritaria del Congreso. La política es el arte de lo posible, y es de toda evidencia que no existía voluntad política para lograr otra cosa que lo aprobado. Porque debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley es el resultado de estudios y deliberaciones, hablemos de más de dos años desde el denominado "movimiento de los pingüinos", en que participaron instancias técnicas, gremiales y políticas, que concordaron en la redacción de una norma que introduce notables mejoras en relación con la Ley de Educación vigente (LOCE) dictada por el gobierno militar. Como señaló José Joaquín Brunner, quien fuera Ministro de Gobierno de la Concertación en la década de los 90 este proyecto define una nueva institucionalidad para el sistema escolar. Transcribo: "A través de distintos organismos, el Estado asume facultades que hoy no posee o cumple insatisfactoriamente en los ámbitos de la fijación de estándares curriculares, la evaluación de los colegios, el apoyo a sus planes de mejora y como garante de la transparencia y efectividad en el uso de los recursos públicos destinados a los establecimientos escolares. A su turno, éstos y sus sostenedores deberán actuar ahora dentro de un marco normativo más exigente, focalizado en la gestión escolar, la calidad del rendimiento académico y la responsabilización por los resultados de su desempeño".
El acuerdo político logrado ha salvado el proyecto de ley, que tras una desafortunada indicación que insertaba, claramente fuera de contexto, una indicación que introducia en el proyecto por única vez el concepto "educación pública", arriesgaba con la mantención indefinida de la ley orgánica de Pinochet, situación que habría marcado el colmo de la irresponsabilidad e incapacidad de la clase política chilena.
Por cierto que las posiciones discrepantes continuarán, y para la derecha será siempre más importante la libertad de enseñanza, mientras que para la izquierda será el derecho a la educación, posturas polares desde las cuales la política debe encontrar los acuerdos posibles.
Los interesados en la educación no son sólo los alumnos y profesores. Lo son todos los ciudadanos que ayer, hoy y mañana tienen que vérselas por sí mismos o con los suyos con el objetivo de educarse. Por ello, los acuerdos deben darse no al nivel de las cúpulas gremiales, sino al nivel de los representantes políticos de la ciudadanía, tal como ocurrió hoy.