Atentado a la institucionalidad

La institucionalidad es mucho más que la juridicidad. Recurro a la definición del jurista Maurice Hauriou (1856-1929) quien define a la institución como la "idea de obra o empresa, que se realiza y dura jurídicamente en un medio social". Siendo una definición eminentemente jurídica tiene la virtud de destacar que la juridicidad da forma a la institucionalidad, pero no es la institucionalidad misma. Si consideramos la definición del historiador del Derecho, García Gallo, para definir la institución ni siquiera es necesario introducir el elemento jurídico; así García Gallo dice que "son situaciones, relaciones u ordenaciones básicas en la vida de la sociedad". Nuestro Bernardino Bravo Lira señala que las instituciones pueden describirse "como una forma cultural que sirve de cauce permanente a la vida colectiva".

En el contexto de las señaladas concepciones acerca de lo que se entiende por institucionalidad, sostengo que el gusto que se dieron los parlamentarios que votaron una acusación que suspende a la Ministra de Educación del Gobierno de Chile es un golpe que se da a la institucionalidad, aún cuando ella pudiera estar jurídicamente fundada.

La institucionalidad política de Chile se ha asentado por décadas en el presidencialismo, esto es una forma de gobierno en que la responsabilidad política recae en el Presidente de la República, y los ministros de Estado son responsables ante él. La prevalencia del mecanismo de la acusación constitucional utilizado en este caso constituye una disposición que contraría el espíritu de la institucionalidad política, y de ello debería estar consciente la clase política que irresponsablemente y sin sentido de política de Estado, hace uso de ella, creando un precedente de insospechadas consecuencias.

Chile tiene una triste experiencia de trasgresiones a la institucionalidad, a través del uso de resquicios. Recordemos tan sólo que las crisis política de 1891 y 1973, que terminaron ambas con la muerte del Presidente de la República en ejercicio, tuvieron en su origen el uso irresponsable por parte de la clase política de mecanismos permitidos por la juridicidad, pero contrarios al espíritu de la institucionalidad.