viernes, 20 de junio de 2008

LGE y educación pública

En la columna de ayer señalé mi conformidad con la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) en la Cámara de Diputados, sobre la base de que ella constituye una mejora indiscutida respecto de la ley vigente (LOCE) en cuanto a introducir mecanismos de control estatal que permiten esperar, en la medida que el Estado ejerza las facultades que se le otorgan, una mejoría en la calidad de la educación de los niños de Chile. Además, señalé que la propuesta tenía como característica no menor su viabilidad política.

Sin embargo, resulta comprensible la aprensión respecto de si efectivamente la ley garantiza una maximización de la calidad de la enseñanza para los sectores más pobres de la población. Ya nadie discute que la educación es un derecho, que debe llegar a todos y que ningún niño puede ser perjudicado en este derecho por su situación socioeconómica. Empero, el proyecto de ley aprobado mantiene la filosofía de la acción subsidiaria del Estado en el dominio de la Educación, lo cual significa que esencialmente la función es realizada por organizaciones de la sociedad civil, interviniendo el Estado como gestor sólo en caso de insuficiencia en el cumplimiento de los objetivos por los particulares.

La LGE en trámite está incluyendo solamente una mención a la educación pública, y es el resultado de la indicación consensuada introducida en el día de ayer, y que permitió, junto con la promesa de envío de un proyecto de ley específico sobre educación pública, que los parlamentarios de la concertación dieran su amplio apoyo al proyecto de ley.

Es evidente entonces que la discusión se encauzará ahora en términos del carácter de la educación pública, y muy especialmente al rol que deberá jugar el Estado en la generación de instancias de educación, en la administración y en el financiamiento.

En la discusión del día de ayer, se produjo una diferencia de opinión entre la Ministra de Educación y un parlamentario que no debería pasar desapercibida, y es sobre el carácter de educaciób pública que tendría la que entregan las municipalidades. Para la ministra se trata de educación pública, y para el parlamentario, no. En la medida que no se logre acuerdo acerca del carácter de la educación pública, se corre el riesgo que su discusión rebote sobre el proyecto de ley de la LGE a la que todavía le restan trámites constitucionales para su aprobación. A no dudar, sería mucho más claro y conducente si en lugar de educación pública, el nuevo proyecto de ley se refiriera a la educación proporcionada por el Estado. Sin embargo, no habiéndose iniciado aún esa discusión, no está claro si para los actores, en general, será satisfactorio reducir el concepto de educación pública al concepto de educación por el Estado.

jueves, 19 de junio de 2008

LGE

Referirse en Chile al proyecto de ley general de educación (LGE), que viene de ser aprobado hoy en su primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, puede parecer ocioso, considerando la enorme cantidad de tinta y saliva que se ha gastado en estos días sobre esta materia. Es tanta, que difícilmente podría imaginarse plantear nuevas perspectivas para el tratamiento de tan espinosa materia.
Por cierto, el ambiente del entorno, con paros de estudiantes y profesores, más las fuertes manifestaciones en Santiago y Valparaíso, otorgan un marco de tensión que llegó hasta la propia sede del Congreso Nacional, con tribunas atestadas para expresar vociferante el rechazo del gremio de profesores al proyecto de ley enviado por el Gobierno.
Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, en una votación contundente, de 85 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones.
Comparto la voluntad mayoritaria del Congreso. La política es el arte de lo posible, y es de toda evidencia que no existía voluntad política para lograr otra cosa que lo aprobado. Porque debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley es el resultado de estudios y deliberaciones, hablemos de más de dos años desde el denominado "movimiento de los pingüinos", en que participaron instancias técnicas, gremiales y políticas, que concordaron en la redacción de una norma que introduce notables mejoras en relación con la Ley de Educación vigente (LOCE) dictada por el gobierno militar. Como señaló José Joaquín Brunner, quien fuera Ministro de Gobierno de la Concertación en la década de los 90 este proyecto define una nueva institucionalidad para el sistema escolar. Transcribo: "A través de distintos organismos, el Estado asume facultades que hoy no posee o cumple insatisfactoriamente en los ámbitos de la fijación de estándares curriculares, la evaluación de los colegios, el apoyo a sus planes de mejora y como garante de la transparencia y efectividad en el uso de los recursos públicos destinados a los establecimientos escolares. A su turno, éstos y sus sostenedores deberán actuar ahora dentro de un marco normativo más exigente, focalizado en la gestión escolar, la calidad del rendimiento académico y la responsabilización por los resultados de su desempeño".
El acuerdo político logrado ha salvado el proyecto de ley, que tras una desafortunada indicación que insertaba, claramente fuera de contexto, una indicación que introducia en el proyecto por única vez el concepto "educación pública", arriesgaba con la mantención indefinida de la ley orgánica de Pinochet, situación que habría marcado el colmo de la irresponsabilidad e incapacidad de la clase política chilena.
Por cierto que las posiciones discrepantes continuarán, y para la derecha será siempre más importante la libertad de enseñanza, mientras que para la izquierda será el derecho a la educación, posturas polares desde las cuales la política debe encontrar los acuerdos posibles.
Los interesados en la educación no son sólo los alumnos y profesores. Lo son todos los ciudadanos que ayer, hoy y mañana tienen que vérselas por sí mismos o con los suyos con el objetivo de educarse. Por ello, los acuerdos deben darse no al nivel de las cúpulas gremiales, sino al nivel de los representantes políticos de la ciudadanía, tal como ocurrió hoy.

viernes, 13 de junio de 2008

Crisis del capitalismo global

El capitalismo global está desde hace un tiempo en una crisis que, a medida que transcurre el tiempo, pareciera ampliar sus efectos a todas las dimensiones de la vida humana. Sus manifestaciones se hicieron patente en la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, con la entrada en falencia de bancos de inversión, la desaceleración del crecimiento económico, la caída de las bolsas de valores, el alza de precios de los commodities, la escasez de alimentos y la inflación generalizada. La enorme crisis económica está transfiriéndose a los planos de la vida social y política de los pueblos, con amenazas explosivas a su estabilidad.

Una probable víctima será la propia globalización económica. Cuando todo parecía indicar que el mundo económico lograba una operatividad y coordinación globales que era imposible de controlar para los sistemas políticos, la crisis económica, de pronto, parece gatillar la reativación del valor de lo político. El mundo financiero se las arregló durante largo tiempo con la creación de instrumentos a través de los cuales lograba captar recursos y colocarlos, obteniendo por cierto enormes ganancias, y burlando los controles y supervisiones públicas de riesgos. El mercado siempre ha sido más agil que la superestructura burocrática de control, y cuando estalló la crisis, las ganancias ya se habían realizado y privatizado, en tanto que las pérdidas tenían que ser asumidas por aquellos que rara vez obtienen beneficios equivalentes en los períodos de bonanza económica. En las crisis, son las autoridades políticas las que se ven obligadas a ordenar los paliativos para aminorar en el tiempo los efectos del desastre que dejaron los que ganaron y se fueron. Los que tienen más poder de presión recuperarán más, y los que tienen menos pagarán una alta cuota en términos materiales.

Pero en esta ocasión se está traspasando un límite peligroso que es el de la propia supervivencia de las poblaciones. La crisis alimentaria, que es una derivada de la crisis capitalista global, no tiene visos de solución en el corto plazo, y en la medida que sea así, amenaza con provocar olas de protesta y violencia que pueden desestabilizar gobiernos y poner un freno a la adhesión de éstos a las precondiciones que exige la globalización capitalista.

El capitalismo exige constantemente la valorización del capital. Si la inversión financiera deja de ser rentable, el capital se traslada a donde sí pueda serlo, y sus posibilidades son infinitas. Atrás deja la crisis de los mercados financieros, pero los capitales están a salvo en otros lados. Es lo que ha sucedido, en términos de que los capitales se han desplazado a la especulación en granos y combustibles, provocando enormes alzas en la demanda de estos bienes en los mercados de futuros y elevando sus precios. Pero los capitales actúan no sólo sobre el aumento de la demanda sino también reduciendo la oferta. Cuando la crisis inmobiliaria induce a la Reserva Federal de Estados Unidos a reducir las tasas de interés para evitar que su economía real se contagie de la gripe financiera, ello debilita al dólar, y los capitales escapan de él demandando commodities, entre otros el petróleo. Al provocar el alza en el precio del petróleo, especulativamente, generan un alza generalizada en precios en el mundo que hace rentable la sustitución de granos por la producción de bio combustibles, utilizando enormes extensiones de terrenos aptos para la producción de arroz, trigo y maíz, con lo cual restringen su oferta, contribuyendo por este lado al aumento de sus precios.

La crisis alimentaria derivada de las alzas de precios afecta más, como es previsible, a los que tienen menos recursos. La teoría económica dice que esta situación estimula a que aparezcan nuevos productores que atraídos por los beneficios de la actividad siembren y cosechen más, restableciendo así en el tiempo el equilibrio de oferta y demanda a menores precios. Sin embargo, los mecanismos del comercio internacional operan de una forma para los países poderosos y de otra para los más débiles. Mientras Estados Unidos exige a los países con los que comercia, y con los que ha suscrito contratos de libre comercio, el levantamiento de las barreras arancelarias para sus productos, no hace para lo mismo para sí. Por el contrario, los Estados Unidos, motivados por finalidades políticas internas, han subsidiado a sus agricultores, para que sus mercancías puedan ser vendidas a menores precios en otros países. Con esta política, países del sur del mundo han reducido o terminado con sus cultivos, aumentado sus desempleos, por los bajos precios a que reciben los bienes importados. Hoy, que estos precios suben, los países del sur no tienen la posibilidad de tener los capitales para relanzar sus producciones por el costo de las semillas, abonos y fertilizantes, cuyo precio se ha disparado alza conforme a la variación de precio del petróleo.

La situación exigirá que los gobiernos intervengan decisivamente en sus economías, a riesgo de verse sobrepasados por las situaciones de hambre y desesperación de sus pueblos. De partida, numerosos gobiernos de países que aún mantienen exportación de productos primarios, como el de Argentina por ejemplo, han decidido ya prohibirlas a objeto de asegurar en primer lugar el consumo de su población. Esta medida que contraría las recomendaciones del Banco Mundial y del FMI, interesados en que los países exporten de modo que generen divisas para el pago de su deuda externa, comienza a ser un alto a la progresión de las políticas de libre comercio en el mundo, y abre puertas a que se revierta el creciente proceso del comercio mundial, cuyo avance ya está estancado en las conversaciones de la ronda de Doha, y se favorezcan las políticas proteccionistas tan desprestigiadas por las doctrinas económicas liberales.

El punto está en que llegado a un punto de la crisis, la reconocida eficiencia de la economía mundial de mercado deja de ser lo más importante para los países, que comienzan a competir por la inmunidad frente a la gripe económica mundial. Más importante pasa a ser la sobrevivencia de los gobiernos, a través de la generación de trabajo y bienes esenciales para su población, aunque ésta quede fuera de los circuitos mundiales de los bienes sofisticados del comercio internacional. Y esto, al menos, será un traspié para la globalización capitalista.