La resolución del Tribunal Constitucional en Chile, referida a la píldora del día después, ha demostrado que este país se encuentra lejos de conformar un Estado laico. La separación de la Iglesia del Estado establecida constitucionalmente en 1925 selló en papel lo que era de suyo evidente desde mediados del siglo XIX en Chile, esto es, que la religión católica no podía ser obligatoria, que el matrimonio civil no rquería de la sanción eclesiástica y que los cementerios laicos eran legítimos. Todo esto ya operaba en la práctica desde el gobierno de Domingo Santa María en los ochenta decimonónicos.
Un estado laico, sin embargo, requiere, en definitiva, que el proceso de determinación de la voluntad colectiva, de las decisiones públicas, se realice en un contexto de independencia de consideraciones dogmáticas, procedentes de la fe, irredargüibles y basadas en la creencia, que no puede ser puesta en discusión. Se oponen a un estado laico, en forma característica, las participaciones basadas en creencias religiosas que se sustentan en la fe. La Iglesia Católica, a través de su jerarquía, y muchos católicos, a través de su propia acción, procuran establecer disposiciones obligatorias para todos los conciudadanos, a través del aparato político. Aquello que nadie objetaría como una práctica para su feligresía, se pretende imponer como criterio moral para la ciudadanía en general.
El drama para el estado formalmente laico es que la Iglesia Católica goza de una influencia prácticamente incontrarrestable en la conciencia social, que va desde la formación escolar básica de los sectores sociales más influyentes hasta el dominio ideológico y práctico que ejerce sobre el poder económico nacional. La posesión de medios de comunicación, de colegios y universidades, hace de la Iglesia Católica la mayor institución formadora de conciencia en los estratos de poder de la sociedad chilena.
El avance hacia un estado laico se define en la conciencia de los chilenos, como bien lo sabe la Iglesia. La formación de los niños católicos en Chile no sólo está dirigida a la fortaleza en la fe, sino a que las consecuencias de la fe sean la norma de convivencia social. En esto no se diferencia del Islam, religión de la que los católicos se sienten en las antípodas. Cuando la sociedad procura que la Iglesia limite su ministerio a su feligresía, su argumento incontrarrestable es que hay un derecho inalienable a profesar la fe, cosa que el estado laico no discute, y que no se le puede prohibir su derecho a opniar sobre las decisiones políticas, como a cualquier c¡udadano.
Evidentemente, la sociedad laica deja espacios para que el fundamentalismo y el dogmatismo operen en la práctica, y cerrarlos sería negarse a sí misma. Por ello, cabe reclamar la ampliación de los espacios para la formación incontaminada de la conciencia pública. La escuela pública requiere ser la fuente de formación de calidad privilegiada para la ciudadanía. Recursos en calidad y cantidad para que de allí surjan las generaciones de relevo de la dirigencia social. Apertura a la globalidad del mundo, que supere el provincianismo del que se alimenta el dominio dogmático de la convivencia social. Y desde ya, suprimir los espacios simbólicos que se otorgan a la religión en las acciones públicas, desde las inauguraciones hasta el anual Te Deum, en que la autoridad pública simboliza periódicamente su sumisión a la intromisión eclesiástica.
